Resumen

El artículo analiza el proceso de conformación del municipio de Berazategui entre 1958 y 1962, en el marco del régimen jurídico e institucional de la provincia de Buenos Aires. A partir del estudio del caso, se examinan las tensiones entre el reconocimiento político de la autonomía local y las restricciones impuestas por el modelo autárquico aún vigente, regulado por el Decreto-Ley N.º 6769/58. Se destaca el papel central de la movilización vecinal en la conquista de la autonomía y se compara este proceso con otros similares en el territorio bonaerense. Asimismo, se reflexiona sobre los límites de la autonomía municipal en ausencia de una reforma constitucional provincial que reconozca plenamente las competencias locales. El trabajo presenta resultados parciales de una investigación en curso y se inscribe en una perspectiva que entiende a la autonomía como una conquista histórica, social y política, en permanente disputa entre lo jurídico y lo territorial.

Palabras clave: autonomía, municipio, autarquía

Introducción

Durante el gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu (1955-1958) se convocaron elecciones generales que en 1958 llevaron a Arturo Frondizi (Unión Cívica Radical Intransigente) a la presidencia de la Nación en 1958 marcó un intento por superar las fracturas políticas heredadas del golpe de 1955 que derrocó y proscribió al peronismo^[1]. Para Frondizi, la tradicional antinomia entre peronismo y antiperonismo no constituía el verdadero eje del conflicto político argentino, sino un ‘falso diagnóstico’ que, según su interpretación, encubría intereses orientados a favorecer “el retorno oligárquico y la preeminencia de la economía agraria” (Spinelli, 2005, p. 220). En este sentido, su propuesta se centraba en una redefinición del rumbo nacional a partir del desarrollo industrial y la modernización estructural del país. Como él mismo expresó, las elecciones de 1958 planteaban “una alternativa más honda y más perdurable que ninguna otra de los últimos tiempos” (Azzolini, 2019, p. 116), apostando a una transformación profunda del modelo económico y político argentino.

En este contexto, Oscar Alende, miembro de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), asumió el 2 de mayo de 1958 la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Panella (2014) señala que en las elecciones provinciales, la fórmula de la UCRI, integrada por Alende y Arturo Crosetti, obtuvo 1.321.041 votos (49,1%), superando ampliamente a la lista de la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), encabezada por Crisólogo Larralde y Ricardo Rudi, que alcanzó 769.655 votos (28,6%). En su discurso de asunción, Alende destacó la situación excepcional en la que asumió el poder, y reconoció que el acceso al gobierno se daba en un contexto inusual y desafiante, ya que su mandato no había sido obtenido a través de un proceso democrático ordinario (Alende, 1958). La gestión se orientó hacia “la promoción de un desarrollo equilibrado y armónico de todos los sectores” (Panella, 2014, p. 98).

Según Spinelli (2022), la historiografía coincide en caracterizar su gestión como progresista, destacando especialmente el impulso a obras de infraestructura y su compromiso con la expansión y consolidación de los servicios sociales y educativos.

A nivel local, para los vecinos de Berazategui las elecciones de 1958 no serían una elección más, ya que marcarían la última ocasión en que votarían autoridades municipales del partido de Quilmes. En esa contienda resultó electo intendente Rodolfo A. López, representante de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), quien obtuvo 9.455 votos frente a los 4.098 alcanzados por el candidato de la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), Esteban Tomero. Este último, como se analizará más adelante, desempeñaría un rol clave en la representación del reclamo de autonomía de Berazategui durante el debate legislativo en la Cámara de Senadores en 1960. Durante su gestión, Rodolfo López expresó su respaldo al reclamo autonomista de Berazategui, en línea con la política de descentralización del gobernador Oscar Alende. Consideró el pedido como un justo reclamo popular y destacó la coyuntura política favorable (Deluchi y González, 2003).

En ese contexto, el 29 de abril de 1958 se promulgó el Decreto-Ley N.º 6769/1958, que estableció la nueva Ley Orgánica de las Municipalidades de la provincia de Buenos Aires y que, a pesar de haber sufrido ciertas reformas, sigue constituyendo hasta hoy la ley orgánica municipal bonaerense. Esta norma definió las competencias y atribuciones de los municipios, así como su organización interna, régimen financiero, régimen de bienes y mecanismos de fiscalización (Recalde, 2008).

Dicha norma fue elaborada en el gobierno de facto de Aramburu en el marco de un modelo institucional de corte autárquico, predominante en la época, que concebía a los municipios como entes administrativos dependientes del poder provincial, sin facultades constituyentes propias^[2].

En este marco, el presente artículo analiza el proceso de conformación del municipio de Berazategui como una unidad político-administrativa autónoma. Se parte de la hipótesis de que este proceso no fue un hecho aislado, sino que se inscribió en una dinámica más amplia de reorganización territorial promovida desde el ámbito local y alentada por el nivel provincial.

Se propone examinar el caso en diálogo con otros procesos similares ocurridos en la provincia, resaltando la tensión entre el reconocimiento político de nuevas jurisdicciones y las restricciones legales derivadas del modelo autárquico imperante. Asimismo, se recupera el recorrido conceptual entre autarquía y autonomía, para mostrar que el reconocimiento político no siempre se tradujo en un ejercicio pleno de soberanía local. Finalmente, se propone visibilizar el rol activo de la comunidad berazateguense en la construcción de su identidad institucional y territorial.

Configuraciones jurídicas del poder local: autonomía y autarquía municipal

El municipio representa la forma primaria de descentralización política y administrativa en el Estado argentino. Funciona como unidad básica del régimen político y como el vínculo más directo entre la ciudadanía y el gobierno. Tal como lo expresa Salazar (2021), el municipio puede entenderse como “la unidad básica de un régimen político y, al mismo tiempo, como el canal de conexión directa entre el ciudadano y el gobierno” (p. 11). Esta perspectiva guía el análisis del presente trabajo sobre la naturaleza jurídica y política del municipio en sus formas autónoma o autárquica.

Como sostiene Herrendorf, los municipios son el espacio donde la política se hace visible y cercana, donde los problemas son concretos y las soluciones también. Allí,

Es fundamental no confundir el concepto de municipio con el de gobierno municipal. Mientras que el municipio constituye una entidad social y jurídica más amplia -la “sociedad local organizada”, en palabras de la doctrina-, el gobierno municipal representa el órgano político-administrativo a través del cual se ejercen las funciones públicas en nombre de esa comunidad. Es decir, el gobierno municipal es el instrumento mediante el cual se concretan los fines del llamado “Estado Municipal”, orientados a satisfacer los intereses y necesidades de la población. En este sentido, la noción de municipio trasciende a la de su gobierno, al incluir tanto la base social y territorial como el marco normativo que la reconoce y regula.

En este contexto, el debate sobre la naturaleza jurídica del gobierno municipal ha oscilado históricamente entre dos concepciones fundamentales: autarquía y autonomía. Ambas suponen esquemas de descentralización respecto del poder provincial, pero difieren notablemente en su origen, alcance y consecuencias jurídicas. Desde el derecho público, la autarquía es entendida como una forma de descentralización administrativa mediante la cual el Estado crea entes con personalidad jurídica propia, competencias limitadas y sometidos a control estatal. Según Di Falco (2008), sus principales características incluyen: personalidad jurídica, asignación legal de recursos, patrimonio estatal, autoadministración restringida, supervisión permanente por parte del Estado, y dependencia normativa total. En este modelo, el municipio no actúa en virtud de un poder originario, sino como un instrumento funcional del Estado provincial.

Por el contrario, la autonomía municipal supone un conjunto más amplio de facultades que permiten al municipio ejercer un verdadero autogobierno. Recalde (2008) identifica cuatro dimensiones clave: institucional (capacidad de dictarse su propia Carta Orgánica), política (elección de autoridades y definición del modelo de gobierno), administrativa (gestión autónoma de servicios y políticas locales), y económico-financiera (facultad de establecer, recaudar y administrar tributos propios). Esta visión es compartida por Di Paola (2002), quien subraya que, tras la reforma constitucional de 1994 y la incorporación del artículo 123, los municipios dejaron de ser meros entes delegados para convertirse en sujetos jurídicos con competencias propias reconocidas por el poder constituyente.

La Constitución Nacional reformada en 1994 consagró expresamente el principio de autonomía municipal, estableciendo que las provincias deben asegurarla en los órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero. No obstante, la implementación de este principio ha sido desigual. Algunas provincias adecuaron sus constituciones y leyes para reconocer la autonomía plena de sus municipios; otras, como la provincia de Buenos Aires, mantuvieron un régimen marcadamente autárquico, sin facultar a los municipios a dictar su propia Carta Orgánica ni a ejercer competencias con independencia efectiva.

Este contraste revela que la tensión entre autarquía y autonomía no es solo un problema normativo, sino también político e institucional. Está en juego la capacidad de los municipios para ejercer un autogobierno real, arraigado en sus territorios y sostenido por la participación activa de la ciudadanía.

Esta discusión ya estaba presente en el derecho público argentino mucho antes de 1994. Durante buena parte del siglo XX, la doctrina debatió intensamente si los municipios eran simples entes autárquicos o verdaderas entidades autónomas. Hasta la reforma, la Constitución Nacional sólo mencionaba a los municipios en el artículo 5°, exigiendo a las provincias garantizar un “régimen municipal”, pero sin definir su alcance. A partir de 1957, algunas constituciones provinciales comenzaron a reconocer expresamente la autonomía municipal, incluso habilitando a los municipios a sancionar sus propias Cartas Orgánicas (Di Falco, 2013).

Según Bidart Campos (Garat, 2015), a partir de la década de 1960 se consolidó un giro doctrinario que consideró al municipio como una comunidad natural con base territorial y derecho propio a la autonomía. Esta tendencia se afirmó jurisprudencialmente en 1989 con el fallo “Rivademar, Ángela c/ Municipalidad de Rosario” (Fallos 312:326), donde la Corte Suprema, mediante el dictamen de la procuradora fiscal María Gabriela Reiriz, se alejó de la visión administrativista tradicional y reconoció de manera implícita la autonomía municipal.

En paralelo, numerosas provincias reformaron sus constituciones para incorporar este principio. En los años siguientes se sumaron Misiones (1958), Santiago del Estero (1960), Catamarca (1966), y muchas otras durante el proceso de reformas entre 1986 y 1994. Sin embargo, aún hoy hay provincias que no reconocen de forma explícita la autonomía municipal en sus textos constitucionales -como Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza- o que, aun reconociéndola formalmente, no la implementan efectivamente (Tenaglia, 2020).

Procesos de autonomización en la provincia de Buenos Aires

Antes de abordar el caso de Berazategui, resulta pertinente realizar una breve mención a los procesos de autonomización en la provincia de Buenos Aires. Existen múltiples antecedentes de pedidos de autonomía municipal que, al igual que Berazategui, buscaron separarse de distritos preexistentes con el objetivo de gestionar sus propios asuntos administrativos, económicos y sociales. Estos procesos, impulsados por organizaciones vecinales, referentes políticos y actores sociales diversos, evidencian una dinámica de construcción de poder local que, aunque desigual en su evolución, fue ganando espacio en la agenda legislativa bonaerense a lo largo del siglo XX.

Entre los intentos más tempranos se destaca el caso 4 de Junio (actual Lanús), que logró separarse del municipio de Avellaneda el 29 de septiembre de 1944. El proceso fue impulsado por la Unión Vecinal Autonomista, fundada en 1941, como fuerza clave del reclamo. El nombre ‘4 de Junio’ conmemoraba el golpe de Estado de 1943, que puso fin al período de gobiernos conservadores iniciado en 1930. Tras la Revolución Libertadora de 1955, el nuevo gobierno impuso el nombre actual de Lanús, recuperando la denominación histórica del área.

Durante esa misma década, otros territorios emprendieron caminos similares. El 3 de abril de 1957, las ciudades de Berisso y Ensenada alcanzaron su autonomía mediante un decreto-ley sancionado por el interventor federal Emilio Bonnecarrére, separándose definitivamente del Partido de La Plata^[3]. Este proceso fue el resultado de años de lucha y organización vecinal, en un contexto de fuerte crecimiento económico y consolidación identitaria, especialmente en zonas portuarias e industriales que reclamaban un reconocimiento institucional acorde a su importancia estratégica (Bravo, 2017).

En paralelo, el caso del Partido de Tres de Febrero ofrece otro ejemplo revelador. Si bien los primeros proyectos de separación datan de 1945 -apenas un año después de la creación de Lanús-, los mismos inicialmente no prosperaron. Fue recién en 1956 cuando se retomó con fuerza el debate sobre la división del Partido de General San Martín, en cuya jurisdicción se encontraba. La creación de Tres de Febrero se concretó el 15 de octubre de 1959, con la aprobación de la Ley N.º 6.065.

Mientras se debatía en la Legislatura la situación de Berazategui, otras localidades también reclamaban su autonomía. Un ejemplo significativo fue el pedido de separación de Capitán Sarmiento, que en ese momento formaba parte del entonces distrito de Bartolomé Mitre -hoy Arrecifes-. Pese a varios intentos frustrados a lo largo de los años, el crecimiento poblacional y económico de la zona impulsó nuevos proyectos legislativos. Finalmente, el 29 de junio de 1961 se sancionó la ley que dio origen al Partido de Capitán Sarmiento, declarando además a la ciudad homónima como cabecera distrital.

Otro caso con características particulares fue el de Hipólito Yrigoyen, cuyo reclamo de autonomía comenzó en los años 30, cuando dependía de Pehuajó^[4]. En 1945 se creó la Comisión Pro Autonomía de Henderson, que sostuvo el reclamo por más de una década. Finalmente, el 13 de enero de 1960, la Legislatura provincial aprobó la creación del nuevo municipio, y el 21 de enero se oficializó mediante el Decreto N.º 447.

En octubre de 1958 se presentó en la Cámara de Diputados bonaerense un proyecto para crear un nuevo municipio con cabecera en Verónica, entonces parte de Magdalena. La propuesta incluía a Vieytes, lo que generó una fuerte oposición local por razones económicas y sociales, dado su vínculo con Magdalena. Aunque el proyecto fue desestimado, marcó la memoria política local.

El caso Autonómico de Berazategui

Los antecedentes del proceso autonomista de Berazategui se remontan a mediados del siglo XX, en un contexto de expansión urbana e industrial en el sur del conurbano bonaerense. Aunque la autonomía municipal se consolidó recién en 1960, los esfuerzos por constituirse como distrito independiente reflejaron una demanda sostenida de la comunidad local, enmarcada en procesos más amplios de transformación territorial y económica.

Desde la década de 1930, el Gran Buenos Aires vivió una creciente industrialización, especialmente en su primer cordón, impulsada por las restricciones al comercio exterior y la necesidad de sustituir importaciones. En ese marco, distritos del sur como Berazategui, Quilmes, Lanús y Lomas de Zamora comenzaron a concentrar nuevas industrias, muchas de ellas extranjeras, como parte de un incipiente proceso de descentralización manufacturera respecto de la Capital Federal (Rougier y Pampin, 2015). La instalación, en 1937, de la planta de Ducilo (perteneciente al Grupo Du Pont) en Berazategui marcó un hito en la configuración de su perfil industrial. A este impulso inicial se sumaron posteriormente, en el vecino partido de Quilmes, empresas como Rhodia Seta, Textilia y Suizo Argentina, consolidando el desarrollo de los sectores textil y químico en la región.

Ubicado en el sudeste del conurbano, Berazategui limita con Quilmes, Florencio Varela y La Plata, y posee una estratégica conexión con el Ferrocarril Roca y la Ruta Provincial Nº 2. Esta localización facilitó la radicación industrial y un crecimiento demográfico sostenido desde mediados del siglo XX. Para entonces, el distrito superaba los 100.000 habitantes, registraba más de 90 establecimientos industriales, un capital de giro estimado en 1.000 millones de pesos, una zona comercial activa, numerosos profesionales e instituciones, y un movimiento bancario cercano a los 7 millones de pesos (González y Deluchi, 2004).

A fines de la década del ’40 se conformó la Comisión Pro Autonomía, iniciada e integrada por vecinos y representantes de diversos sectores: industrial, comercial, religioso, político y civil^[5]. Este heterogéneo conjunto de actores canalizó un reclamo colectivo por la separación administrativa del entonces Partido de Quilmes, del cual Berazategui formaba parte. Las reuniones de la comisión se realizaban con frecuencia en la Biblioteca Popular Manuel Belgrano, situada frente a la estación ferroviaria, un lugar de referencia y articulación de la vida social local. Según lo consignado en el Libro de Firmas de la Autonomía, la comisión fue inaugurada formalmente el 9 de febrero de 1948, aunque algunas fuentes orales y documentos no oficiales sugieren que las gestiones podrían haberse iniciado en 1947.

Las motivaciones detrás del reclamo respondían tanto a factores simbólicos como materiales: la población de Berazategui sentía que no recibía una atención equitativa por parte del municipio de Quilmes, a pesar de su crecimiento económico y demográfico. A medida que la zona consolidaba su identidad, el reclamo por contar con un gobierno propio y con capacidad de decidir sobre sus recursos fue ganando legitimidad entre distintos sectores sociales.

En este sentido, utilizando la clasificación de Horacio Bozzano (2017), las motivaciones que impulsaron la conformación de la Comisión Pro Autonomía de Berazategui pueden inscribirse dentro de los móviles sociales, aquellos originados en comunidades locales más o menos organizadas que impulsan la reivindicación de su reconocimiento autonómico. Según el autor, este tipo de motivaciones abarca desde movimientos con una larga tradición -donde la causa forma parte del imaginario colectivo y cotidiano- hasta demandas recientes o con escasa difusión social. Estos procesos suelen derivar en la creación de “comisiones pro defensa territoriales”, que articulan y visibilizan el reclamo desde una dimensión cívico-social.

En julio de 1956, el comisionado municipal de Quilmes, capitán Rogelio Collete, visitó Berazategui por iniciativa de la Comisión Pro Autonomía, el Rotary Club y el Centro Comercial e Industrial, con el fin de participar en una reunión con sus representantes e informarse sobre la situación y necesidades de la localidad^[6]. A comienzos de 1957, el periódico local La Palabra -fundado en 1925 y considerado el medio gráfico más antiguo de Berazategui- comenzó a publicar en su portada artículos en favor del proyecto autonomista. En dichos textos se criticaba el sistema centralista presidencialista y se promovía una autonomía que pusiera fin a la dependencia de las autoridades superiores. Asimismo, se citaban pasajes del senador Lisandro de la Torre que advertían sobre los peligros de un régimen centralizado (González y Deluchi, 2004).

Hacia mediados de 1957, el movimiento autonomista encontró nuevos estímulos en las recientes autonomías alcanzadas por los municipios de Ensenada y Berisso, así como por otros partidos de características similares a Berazategui que ya contaban con gobierno propio. Durante ese año, la Comisión Pro Autonomía continuó sus actividades mediante asambleas y encuentros con el comisionado Collete y el interventor federal provincial, coronel Emilio Bonecarrére. Entre las iniciativas destacadas se organizaron un festival cinematográfico y una serie de conferencias bajo el lema “¿Por qué Berazategui quiere su autonomía municipal?”, al finalizar las cuales se distribuyó un comunicado para ser exhibido en las vidrieras de los comercios locales.

En este contexto, se constituyó una comisión de prensa y propaganda, y los comerciantes de la zona se sumaron a la causa mediante aportes económicos. Tal como lo señalan González y Deluchi (2004), la comisión pro autonomía consideraba fundamental que el reclamo alcanzara a la mayor cantidad posible de vecinos, por lo que impulsó acciones concretas como la colocación de carteles en Berazategui y localidades cercanas, así como la organización de conferencias informativas con el objetivo de despejar dudas y ampliar el respaldo social al movimiento.

El 2 de mayo de 1958 asumieron las nuevas autoridades municipales electas, encabezadas por el intendente Rodolfo A. López. El 10 de junio, López se reunió con la comisión de vecinos, a quienes aseguró que cumpliría sus promesas de campaña y manifestó compartir la postura del gobernador de la provincia, Oscar Alende, favorable a los procesos de descentralización administrativa. Las reuniones entre la comisión y el intendente continuaron, sirviendo como espacio de intercambio sobre los avances del movimiento autonomista.

El 23 de septiembre de 1958, un grupo de vecinos se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Portero. En representación de la comisión asistieron Remo Diani, el secretario Raúl Roldán, el protesorero Salvador Asea y el vocal Celso Fuente, además de un delegado de la Sociedad de Fomento 9 de Julio. También participaron el diputado provincial por el partido de Quilmes, Rodolfo Harsich, y el senador Esteban Tomero. Durante el encuentro, Diani entregó a Portero un petitorio redactado por la comisión, el cual fue derivado para su análisis al diputado Harsich.

Un apoyo significativo al reclamo llegó a través de una carta enviada por el gobernador Alende a la Comisión de Vecinos Pro Autonomía, en la cual expresaba su respaldo a la iniciativa. Si bien aclaraba que el tratamiento del proyecto de ley quedaba a cargo de los legisladores provinciales, recomendaba que la comisión tomara contacto con los distintos bloques parlamentarios para actualizar el pedido y agilizar el trámite legislativo.

Ese mismo año el diputado provincial Rodolfo Harsich (Unión Cívica Radical Intransigente), presentó en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires el Proyecto de Ley para la creación del Partido de Berazategui. Sin embargo, el trámite legislativo no fue inmediato: recién en octubre de 1959 el proyecto obtuvo media sanción por parte de la Cámara baja, lo que reactivó el entusiasmo entre los sectores movilizados.

La instancia decisiva llegó en 1960, cuando el senador Esteban Tomero (UCRP) se encargó de presentar el proyecto ante la Cámara de Senadores. El jueves 27 de octubre de ese año, Tomero pronunció un discurso vehemente en defensa del proyecto, logrando que fuera debatido y aprobado con algunas modificaciones. En paralelo, se vivió una jornada de movilización histórica: una masiva caravana de vehículos -compuesta por automóviles, motocicletas y micros- partió desde Berazategui hacia la ciudad de La Plata. Los participantes se instalaron frente a las escalinatas de la Legislatura bonaerense, aguardando el tratamiento del proyecto y haciendo visible el respaldo popular a la iniciativa.

Finalmente, el 4 de noviembre de 1960, el gobernador Oscar Alende (1958-1962) promulgó la Ley N.º 6.317, que estableció la creación del Partido de Berazategui como una nueva unidad político-administrativa, separándola oficialmente del Partido de Quilmes. A esta disposición le siguió la sanción de la Ley N.º 6.318, que elevó al entonces pueblo de Berazategui a la categoría de ciudad, reconociendo así su crecimiento y consolidación urbana.

Entre 1960 y 1962 se desarrolló un período de transición institucional entre los dos territorios involucrados. Durante esos años, se implementaron diversas medidas orientadas a la organización del nuevo municipio, entre ellas el nombramiento del Dr. Emilio Torre como comisionado municipal en 1961, convirtiéndose en la primera autoridad constituida en la ciudad, y el traslado del edificio municipal a su nueva sede.

En 1962 se convocaron elecciones en todos los niveles. En la provincia, resultó reelecto el gobernador Oscar Alende, mientras que en el ámbito local el candidato justicialista Justo Rodríguez fue electo intendente. Sin embargo, Berazategui debió esperar un poco más para ver en funciones a su primera autoridad electa, ya que las Fuerzas Armadas intervinieron la provincia, anularon los comicios y le impidieron asumir el cargo.

Recién en 1963 se convocó nuevamente a elecciones, y el Colegio Electoral designó como intendente al Dr. Juan Greco, vecino histórico de la zona y médico de profesión. Con su asunción se consolidó institucionalmente la autonomía de Berazategui como municipio.

A modo de conclusión

El caso de Berazategui se inscribe en un proceso más amplio de transformación territorial impulsado desde lo local, en un contexto político e institucional que -aunque de manera parcial y desigual- habilitó la reconfiguración del mapa municipal bonaerense durante las décadas de 1940 a 1960. En ese período, caracterizado por una sucesión de reclamos autonómicos en distintos puntos de la provincia, numerosas localidades emprendieron luchas por la independencia administrativa, motivadas por la necesidad de gestionar sus propios recursos y dar respuesta a las demandas crecientes de sus comunidades. Estas iniciativas expresaron un deseo compartido de fortalecer las identidades locales y consolidar formas de autogestión ancladas en los vínculos sociales, económicos y culturales de cada región.

Tal como se ha desarrollado a lo largo del artículo, la demanda de autonomía de Berazategui no fue un hecho aislado, sino parte de una dinámica territorial más amplia, en la cual la articulación entre actores vecinales, referentes institucionales y legisladores provinciales desempeñó un rol central. En este caso, la organización social previa, sumada al acompañamiento político, permitió alcanzar la sanción de la Ley N.º 6317 en 1960, que consagró la creación del Partido de Berazategui.

Sin embargo, la autonomía obtenida fue, en términos jurídicos, acotada. Si bien Berazategui logró constituirse como partido independiente, su funcionamiento quedó supeditado al régimen definido por el Decreto-Ley N.º 6769/1958, que respondía a un modelo de descentralización autárquica con fuerte centralización provincial. Las competencias locales eran delegadas y estrechamente controladas: las ordenanzas debían ajustarse al marco normativo superior, la recaudación tributaria estaba sujeta a normativa provincial y no existía la posibilidad de dictar una Carta Orgánica propia.

En este sentido, el caso de Berazategui visibiliza con claridad las tensiones estructurales entre el reconocimiento político de una comunidad como municipio autónomo y las restricciones legales impuestas por un régimen jurídico que, hasta la reforma constitucional de 1994, no contemplaba el ejercicio pleno del autogobierno local. Aunque dicha reforma consagró el principio de autonomía municipal en el artículo 123 de la Constitución Nacional -estableciendo su garantía en los planos institucional, político, administrativo, económico y financiero-, la provincia de Buenos Aires aún no ha adecuado su constitución a esa cláusula. Como resultado, persisten importantes limitaciones para el ejercicio efectivo de la autonomía en el ámbito municipal.

La autonomía de Berazategui fue la última realizada por largo tiempo. Décadas más tarde, el 6 de diciembre de 1994, bajo la gobernación de Eduardo Duhalde, se sancionó la Ley N.º 11.584, que dio origen al Municipio de Punta Indio, integrando las localidades de Álvarez Jonte, Pipinas y Verónica. Aunque Vieytes no fue incluida en esta nueva jurisdicción, el conflicto suscitado en 1958 anticipó las complejidades territoriales, sociales y afectivas que envuelven los procesos de autonomización local. Por su parte, Lezama -creado mediante la Ley Provincial N.º 14.087, sancionada en diciembre de 2009 como escisión del histórico Partido de Chascomús- constituye el último caso exitoso de municipalización en la provincia.^[7] Su creación simboliza la persistencia de los reclamos por una gestión más próxima a las necesidades de cada comunidad, y representa, hasta la fecha, la última modificación del mapa político-administrativo bonaerense.

A lo largo de las últimas décadas, en distintos rincones de la provincia, se han presentado diversos proyectos de creación de nuevos municipios impulsados por demandas vecinales, los cuales, por distintos motivos, no prosperaron en el ámbito legislativo. Localidades como Nicanor Otamendi, Batán, Abasto, Temperley, La Riestra, Mariano Acosta, Paso del Rey, Santa Clara del Mar, Quequén, Lima, Barker, Wilde, Gerli, Sierra de los Padres, Banfield, Darregueira, Presidente Derqui, Chillar, La Franja, Villa Flandria-Jáuregui, Altos Verdes, Huanguelén, entre otras, constituyen ejemplos de estas aspiraciones persistentes (Salazar, 2021).

En suma, estos casos -tanto los consumados como los pendientes- revelan un patrón recurrente en la historia institucional bonaerense: la autonomía municipal no ha sido producto de una política sistemática planificada desde el centro provincial, sino el resultado de luchas prolongadas, disputas territoriales, organización vecinal e intervención legislativa. Lejos de tratarse únicamente de una estrategia administrativa, estos procesos expresan una voluntad colectiva de afirmación territorial, de defensa de identidades locales y de conquista del derecho a decidir sobre los propios destinos. Estas experiencias muestran que la autonomía, más que un punto de partida, ha sido siempre una conquista: parcial, disputada y en permanente tensión entre lo legal, lo político y lo territorial.

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^[1] En 1956, la Unión Cívica Radical se dividió en dos facciones: la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), liderada por Arturo Frondizi, y la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), encabezada por Ricardo Balbín. La ruptura respondió a diferencias estratégicas sobre la relación con el peronismo proscripto y el modelo de desarrollo económico.

^[2] El decreto presenta una estructura reglamentarista, conformada por 299 artículos, que delimitan minuciosamente las atribuciones municipales, especialmente en el plano legislativo y administrativo. El contexto político de su implementación también fue inestable: tras el triunfo electoral de la fórmula peronista Framini-Anglada en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, Frondizi fue derrocado por los militares y la elección fue anulada. En los años siguientes, la provincia estuvo intervenida y atravesó varios gobiernos provisionales antes de la asunción de Anselmo Marini como gobernador durante la presidencia de Arturo Illia.

^[3] Municipios creados por el Decreto N.º 4.656 (Centro de Documentación e Información de la provincia de Buenos Aires).

^[4] La tensión alcanzó un punto crítico en 1933, cuando Eudosio Chirino Ferreira, director del periódico El Orden de Henderson, asesinó al jefe comunal de Pehuajó, Santiago Gallo. El hecho estuvo vinculado a un conflicto político en torno al reclamo de autonomía de la localidad de Henderson.

^[5] Entre los vecinos que integraron y promovieron activamente el proceso de autonomización pueden mencionarse al padre José Wainmayer, Diego Deluchi, Alberto Bendayan y Manuel Legazpi (González & Deluchi, 2004).

^[6] Entre las instituciones que participaron del movimiento autonómico se destacan numerosas sociedades de fomento y entidades locales, tales como la Sociedad de Fomento de Ezpeleta, la Sociedad de Fomento de Berazategui, las de Villa Chingolo, Villa Mitre y Jacarandás, “Gral. San Martín”, “Domingo Faustino Sarmiento”, “La Primavera”, “9 de Julio”, “Villa La Merced” y “Río Encantado de Ranelagh”. También formaron parte el Club Social Berazategui, Club San Francisco, Club Libertad, Club Deportivo Berazategui, Club Los Marinos, Club Ranelagh, Club Ducilo, Club Almirante, Club El Fortín, Club Juventud, Club El Progreso, Club Unión y Club 1º de Mayo. A ellos se sumaron el Centro Comercial, la Asociación de Bomberos Voluntarios, el Círculo Italiano, las sociedades de socorros mutuos “La Armonía” y “La Humanitaria”, la Biblioteca Manuel Belgrano, la Sala de Primeros Auxilios “Villa Giambruno”, el Centro Socialista de Berazategui, el Comité Radical Popular (frondizista) y el Partido Socialista, junto con la Liga de Almaceneros Minoristas y Afines, el Centro de Patrones de Carnicerías de Berazategui, el Sindicato de la Maltería de Guillermo E. Hudson y el Sindicato de Vidrieros de Berazategui.

^[7] Para ampliar el tema cfr. Bozzano, H. y Mateo, G. (2010). Territorios pasados, presentes, posibles. Estudio de casos: La reactivación de un tren entrerriano y la autonomía municipal de una localidad bonaerense. En O. Mari, G. Mateo y C. Valenzuela (comps.), Territorio, poder e identidad en el agro argentino. Buenos Aires: Imago Mundi.

[I] Daniela Ferraro: Estudiante de la Licenciatura en Ciencias Sociales (UNQ). El presente artículo fue elaborado en el marco de la Beca de Formación en Docencia e Investigación otorgada por el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), y constituye un insumo para el desarrollo de la tesis de grado destinada a la obtención de su título de Licenciada.